La ola de quiebras y concursos preventivos que atraviesa a las pymes argentinas ya no es un fenómeno acotado al comercio o los servicios: llegó de lleno a la industria metalúrgica y siderúrgica. Dos sectores que hasta hace poco mostraban más resistencia que el promedio industrial hoy exhiben algunos de los indicadores más bajos en cuatro décadas, con plantas suspendidas, capacidad instalada en mínimos y un número creciente de empresas que piden protección judicial para no cerrar.

El diagnóstico surge del cruce entre los datos oficiales de los tribunales comerciales, los relevamientos sectoriales de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y los casos puntuales que empezaron a acumularse en Villa Constitución, Berisso, San Juan y el cordón industrial del sur santafesino.

El término que circula puertas adentro de la Unión Industrial Argentina (UIA) para nombrar este proceso es "industricidio", una palabra acuñada durante la gestión de Cambiemos y que hoy reaparece en el vocabulario de dirigentes fabriles para describir un derrumbe que, según coinciden distintas fuentes consultadas por el sector, ya superó en velocidad y profundidad a esa etapa, a la pandemia de 2020 y a la apertura importadora de los noventa.

El número que preocupa a los tribunales comerciales

Según datos oficiales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, solo hasta junio de 2026 se presentaron 132 empresas formalmente constituidas en la Ciudad de Buenos Aires para iniciar un concurso preventivo o anticipar una quiebra inminente. El número, en la mitad del año, ya representa casi el 70% de las 190 pymes que se concursaron durante todo 2025 y supera ampliamente a las 106 que llegaron a esa instancia en 2020, el año del pico de la pandemia.

El titular del Departamento Tributario de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Germán Pizzano, describió la situación como "un estado de cesación de pagos socialmente instalado" en el universo pyme. Para el especialista, evitar la quiebra y el remate de bienes requiere una normativa transitoria de emergencia: "El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia", planteó.

Distintas entidades empresarias proyectan un escenario todavía más duro para lo que resta del año: estiman el cierre de 3 mil industrias registradas en 2026, a las que se suman los emprendimientos informales. A eso se agrega una virtual ruptura de la cadena de pagos, con plazos de cobro que se estiran hasta medio año, y una presión impositiva que no da tregua pese a la caída del consumo.

 

Período	Empresas concursadas (CABA)
2020 (pico de pandemia)	106
2025 (año completo)	190
2026 (enero-junio)	132

 

Fuente: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, relevado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Seis de cada diez máquinas paradas en la metalúrgica

El deterioro no es una percepción aislada. Los propios informes de ADIMRA muestran a la actividad metalúrgica cayendo entre 4% y 6% interanual a lo largo de 2026, con la capacidad instalada del sector ubicada en 41,6%, el nivel más bajo de los últimos cuatro años. En la práctica, esto significa que seis de cada diez máquinas del sector permanecen apagadas.

La combinación de menor demanda interna, mayor competencia de productos importados y costos financieros crecientes explica buena parte de esa caída. A diferencia de otras crisis, donde el ajuste golpeaba primero a los talleres más chicos e informales, esta vez la contracción alcanza también a empresas de mayor escala, con más años en el mercado y procesos certificados.

Acindar y Acerías Berisso, los casos testigo de la siderurgia

En la siderurgia, el caso de mayor visibilidad es el de Acindar (Grupo ArcelorMittal), en Villa Constitución, Santa Fe. Las suspensiones rotativas en la planta, que a fines de 2025 alcanzaban a unos 200 trabajadores, escalaron durante 2026 hasta comprender a 2.500 operarios en distintos momentos del año, según el relevamiento de fábricas afectadas publicado por Perfil. La planta, un histórico polo siderúrgico del sur santafesino, quedó expuesta a la caída de la construcción y de la demanda de acero para la industria automotriz y de maquinaria agrícola.

En el mismo rubro, Acerías Berisso, en la provincia de Buenos Aires, confirmó 50 despidos en el marco del mismo relevamiento. Aunque la cifra es menor en volumen absoluto, el caso se suma a una lista de plantas siderúrgicas y metalmecánicas que redujeron dotación en los últimos meses: Corven (motopartes, Venado Tuerto, Santa Fe) con 150 despidos, SKF (rodamientos, Tortuguitas, Buenos Aires) con 145, Dana (autopartes, Naschel, San Luis) con 50, y Vulcalar, con 80 despidos informados sin planta identificada oficialmente.

 

Empresa	Rubro	Ubicación	Situación relevada
Acindar (ArcelorMittal)	Siderurgia	Villa Constitución, Santa Fe	Suspensiones rotativas, hasta 2.500 trabajadores alcanzados
Acerías Berisso	Siderurgia	Berisso, Buenos Aires	50 despidos
Corven	Metalmecánica (motopartes)	Venado Tuerto, Santa Fe	150 despidos
SKF	Metalmecánica (rodamientos)	Tortuguitas, Buenos Aires	145 despidos
Dana	Autopartes	Naschel, San Luis	50 despidos
Vulcalar	Metalúrgica	—	80 despidos — Fuente pendiente de confirmación oficial sobre la planta

 

Fuente: relevamiento de fábricas con despidos y suspensiones, en base a Infobae y Perfil.

San Juan y el interior: la crisis no es solo del cordón industrial bonaerense

El fenómeno tampoco se limita al Área Metropolitana de Buenos Aires ni al sur de Santa Fe. En San Juan, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local contabilizó unos 200 puestos perdidos entre 2024 y 2025, en un contexto de capacidad instalada por debajo del 50% en buena parte de los talleres. "La industria en San Juan está detenida prácticamente", resumió el secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, quien además advirtió sobre un cambio de modelo de negocio forzado: empresas que dejan de fabricar para pasar a importar o dedicarse a la logística. "No tenemos la protección necesaria" frente a la competencia de precios importados, planteó el gremialista.

El diagnóstico coincide con el que circula entre los industriales santafesinos: cerca del 70% de las pymes de esa región hace varios meses que no alcanza el punto de equilibrio. La cadena de pagos, sin estar formalmente rota, se estira cada vez más, con plazos que superan los 120 días y dificultades crecientes para descontar cheques.

El riesgo adicional en localidades como Villa Constitución es el peso relativo de una sola planta sobre el empleo local. En los pueblos y ciudades chicas del cordón industrial, donde una siderúrgica o una autopartista concentra buena parte de los puestos formales de la zona, cada suspensión o despido tiene un efecto multiplicador sobre el comercio y los servicios locales que no se ve reflejado en las estadísticas nacionales de empleo industrial.

El reclamo de las pymes: ejecuciones fiscales y cadena de pagos

A la caída de la demanda se suma una presión tributaria que el empresariado describe sin matices. Según pudo saber este medio, la orden que reciben las delegaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es recaudar sin contemplar la situación de cada empresa: a los 60 días de mora se activan ejecuciones fiscales, incluso sobre pymes de 30 o 50 años de trayectoria y aportes.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmó que las ejecuciones y embargos de ARCA se convirtieron en el problema número uno de las pymes del país. Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, explicó que la caída de ventas impide cubrir los impuestos corrientes y los planes de pago vigentes; cuando esas facilidades caen, la deuda se retrotrae a montos que las empresas no pueden afrontar, lo que dispara los embargos.

Con un aumento interanual del 25% en el rechazo de cheques sin fondos, CAME envió una carta a los presidentes de bloque del Congreso para reclamar un capítulo específico en la Ley de Inocencia Fiscal que suspenda temporalmente las ejecuciones. La entidad propone un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación. Para las metalúrgicas y siderúrgicas que además deben sostener maquinaria de alto valor y personal calificado, ese margen de tiempo es el que separa una suspensión transitoria de un cierre definitivo.

Un patrón que ya se había visto en otras ramas industriales

El deterioro de la metalúrgica y la siderurgia no aparece de manera aislada. Es la continuidad de un proceso que otras cámaras sectoriales vienen documentando desde hace meses y que en la industria textil, por caso, ya alcanzó niveles considerados un "récord absoluto" por dirigentes del rubro, que lo describen como superior incluso a la pandemia, a 2001 y a la década del noventa.

El último informe de la Fundación ProTejer, referido al sector textil, confirmó que la industria operó en mayo de 2026 con más de seis de cada diez máquinas apagadas, con una caída de producción del 26,2% interanual y un mercado interno capturado en un 70% por las importaciones. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la cadena textil, indumentaria y calzado perdió 942 establecimientos y un 21% de su plantilla laboral, el peor derrumbe relativo de la economía en ese período.

La comparación importa porque describe el mismo mecanismo que hoy golpea a la metalúrgica: apertura importadora, caída del mercado interno y estiramiento de los plazos de cobro que termina drenando el capital de trabajo de las empresas, incluso de las que tienen mejor tecnología y más años de trayectoria. En el textil, ese combo ya se tradujo en cerca de 800 empresas formales cerradas y 25.000 puestos de trabajo registrados perdidos, según cifras que circulan entre las cámaras del sector. La pregunta que se hacen en la metalúrgica es si su curva de cierres seguirá la misma pendiente en los próximos meses.

Qué proyecta la industria para lo que resta de 2026

El economista Diego Coatz, al frente de la consultora I+D y ex funcionario de la Unión Industrial Argentina (UIA), elaboró un relevamiento que anticipa un cierre masivo de fábricas si la parálisis productiva no se revierte. Según su análisis, siete de las doce principales cadenas industriales del país operan con cerca de 40% de capacidad ociosa.

Para Coatz, el cuadro configura "un proceso de destrucción regresiva del entramado productivo, con menos empresas, menor capacidad de inversión y mayor pérdida de empleo y conocimiento industrial". Sus proyecciones estiman que 2026 terminará con la pérdida de unas 3.070 empresas industriales y la destrucción de 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el conjunto de la industria, un universo del que la metalúrgica y la siderurgia forman una porción central por su peso en el empleo formal del interior productivo.

Parte de la explicación de fondo está del lado del consumo. El último informe de la Fundación Encuentro ubicó el ingreso promedio de los hogares argentinos, en el primer trimestre de 2026, en $2.800.000 mensuales netos. Pero el 78% de los hogares del país percibe menos que esa media y se ubica entre la clase media baja y la clase baja, con un 21% directamente por debajo de la línea de pobreza estimada. Esa concentración de ingresos por debajo del promedio explica buena parte de por qué el mercado interno de bienes durables y de insumos industriales —donde la metalúrgica y la siderurgia tienen buena parte de su demanda— no logra despegar pese a la estabilidad macroeconómica.

Frente a ese cuadro, las propuestas que circulan entre las cámaras del sector —la legislación de emergencia que reclama IPA y el capítulo de suspensión de ejecuciones fiscales que pide CAME al Congreso— apuntan a lo mismo: ganar tiempo para que las empresas recompongan capital de trabajo antes de que la cadena de pagos termine de romperse. Mientras esa discusión no avance, el indicador que resume el momento del sector es el mismo que repiten desde ADIMRA hasta los gremios del interior: con la capacidad instalada metalúrgica en 41,6%, la más baja en cuatro años, seis de cada diez máquinas del país permanecen apagadas mientras la Justicia comercial recibe pedidos de concurso a un ritmo que ya duplica el de 2025.